Una ley internacional denominada Convención de Nueva York, aprobada en diciembre de 2006, reconoce a las personas con discapacidad, a todas ellas, el derecho a controlar sus propios asuntos económicos. Claro que no es ese el único derecho que les reconoce; también el de elegir con quién y cómo vivir, no viéndose obligados a llevar un modo de vida "específico", el derecho a recibir una educación inclusiva, en escuelas ordinarias, a recibir formación para el empleo, en el mercado laboral ordinario, así como, por no citarlos todos, a formar su propia familia, en su propio hogar.

 

Y la verdad es que unas cosas son consecuencia de otras; no parece posible vivir una vida completa si no se tiene la capacidad de controlar los propios asuntos económicos. Asuntos que, generalmente, no serán grandes inversiones ni complicadas operaciones financieras, pero sí saber dónde está nuestro dinero y cómo podemos disponer de él; poder alquilar o, con más suerte, comprar la vivienda en la que habitemos, vivir un poco a crédito, como hace todo el mundo; dejar nuestros bienes a los herederos que libremente elijamos, así como poder heredar a otros familiares. Ese tipo de asuntos.