Los más recientes enfoques y modelos científicos que nos acercan al mundo de la discapacidad ponen un mayor énfasis sobre los derechos y menos sobre las deficiencias. Este paradigma tiene su elemento nuclear en el reconocimiento y garantía de derechos plenos en todos los órdenes de la vida, social, política, cultural. Esto ha sucedido porque las propias personas con discapacidad se unieron para condenar su estatus como “ciudadanos de segunda clase”. Reorientaron la atención hacia el impacto de las barreras sociales y ambientales, como el transporte y los edificios inaccesibles, las actitudes discriminatorias y los estereotipos culturales negativos, que “discapacitaban” a las personas con deficiencias.

Nuestras sociedades se han organizado en torno al mundo de las ocupaciones y el empleo, y muchos de nuestros valores y principios morales se basan en la relación de los individuos con las actividades productivas. Disponer de un empleo supone desempeñar un rol socialmente valorado, ser reconocido como un sujeto de derechos y obligaciones, estar en el centro del círculo virtuoso del bienestar social, mientras que no disponer de empleo es un factor de marginalidad y un riesgo de exclusión social.

Sin embargo, las personas con discapacidad en España no disfrutan mayoritariamente del derecho a trabajar. Las personas con discapacidad inactivas, es decir las que ni trabajan ni buscan trabajo, superan los dos tercios de las personas del mismo grupo en edad de trabajar, mientras que sólo alrededor de una cuarta parte están ocupadas. Esta situación se agrava a medida que la discapacidad es más severa, y en el caso de las mujeres.